EEUU estudia embargar 135 millones a España por impagos en las renovables: la herencia de Zapatero
España vuelve a enfrentarse a las consecuencias económicas y jurídicas de la reforma de las energías renovables que comenzó a gestarse hace más de una década. Un tribunal estadounidense ha abierto la puerta a que acreedores de España ejecuten activos del Estado en Estados Unidos por una deuda vinculada a los recortes de las primas a las renovables. La cantidad que está ahora sobre la mesa ronda los 135 millones de euros.
El conflicto tiene su origen en una de las grandes apuestas energéticas de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante aquellos años, España impulsó con fuerza la instalación de parques solares, termosolares y eólicos mediante un sistema de tarifas y primas que pretendía garantizar una rentabilidad atractiva a los inversores.
El Real Decreto 661/2007, aprobado durante el Gobierno de Zapatero, estableció un régimen económico específico para la producción de electricidad en régimen especial y contemplaba tarifas y primas para diferentes tecnologías renovables. El propio decreto reconocía la necesidad de ofrecer una «rentabilidad razonable» a las inversiones.
El problema llegó cuando, en plena crisis económica y ante el creciente déficit del sistema eléctrico, España comenzó a modificar sustancialmente aquel marco retributivo.
De las primas a los tribunales internacionales
A partir de 2010-2011 se aprobaron diferentes medidas destinadas a reducir el coste de las renovables para el sistema eléctrico. Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy profundizó en la reforma y terminó sustituyendo buena parte del sistema anterior.
Para el Estado, aquellas reformas eran necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y responder a una situación económica extraordinariamente complicada.
Para numerosos inversores extranjeros, en cambio, España había cambiado las reglas del juego después de que hubieran realizado inversiones millonarias confiando en un determinado marco regulatorio.
El resultado fue una auténtica oleada de litigios internacionales.
Decenas de inversores acudieron al arbitraje internacional alegando que España había vulnerado sus derechos como inversores. Hasta ahora se han dictado 29 laudos favorables a los inversores, con indemnizaciones que rondan los 1.800 millones de euros, una cifra que supera los 2.300 millones al sumar intereses y costas, según los datos publicados esta semana.
España, sin embargo, no ha aceptado pagar la mayoría de estas indemnizaciones.
Y ahí comienza el segundo capítulo de la historia: la batalla por ejecutar los laudos.
EEUU se convierte en uno de los principales escenarios
Los acreedores han acudido a tribunales de diferentes países para intentar localizar y embargar activos españoles que puedan utilizarse para cobrar las cantidades reconocidas por los tribunales arbitrales.
Estados Unidos se ha convertido en uno de los escenarios más importantes.
En junio de 2026, el Tribunal Supremo estadounidense rechazó el último intento de España para impedir la ejecución de estos laudos en territorio estadounidense. Con ello quedó abierta la vía para que los acreedores intenten ejecutar las indemnizaciones y localizar activos españoles susceptibles de embargo.
Ahora, un tribunal federal del Distrito de Columbia ha dado un nuevo paso en el caso relacionado con Antin, un fondo que invirtió en proyectos de energías renovables en España.
El laudo concede a los inversores una indemnización de aproximadamente 101 millones de euros, aunque la cantidad que se pretende ejecutar en Estados Unidos asciende a una cifra superior al incorporar intereses y otros conceptos. Las informaciones publicadas sitúan el importe en torno a 135 millones de euros.
La resolución estadounidense permite además a los acreedores continuar investigando qué activos españoles pueden ser susceptibles de ejecución.
¿Qué podrían embargar?
Aquí es importante hacer una precisión: no significa que Estados Unidos vaya a embargar automáticamente 135 millones de euros a España.
Lo que han conseguido los acreedores es avanzar en el procedimiento judicial que permite buscar activos españoles que puedan utilizarse para satisfacer la deuda reconocida.
Entre los activos que están siendo analizados en diferentes países aparecen propiedades, cuentas y determinados derechos económicos pertenecientes al Estado español o a entidades públicas.
Según las informaciones publicadas esta semana, los acreedores han identificado alrededor de 400 activos españoles potencialmente embargables en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos y Singapur.
El objetivo es encontrar bienes que no estén protegidos por las normas de inmunidad soberana y que puedan ser ejecutados legalmente.
El problema: Bruselas dice una cosa y EEUU otra
La situación se complica todavía más porque existe un choque entre el derecho de la Unión Europea y las decisiones de los tribunales de otros países.
España sostiene que muchos de estos laudos no pueden pagarse porque se refieren a arbitrajes entre inversores europeos y un Estado miembro de la Unión Europea, algo que, según la jurisprudencia europea, entra en conflicto con el Derecho comunitario.
La Comisión Europea ha respaldado en buena medida esta posición.
De hecho, Bruselas considera que el pago de determinados laudos podría constituir una ayuda de Estado ilegal.
El conflicto ha llegado hasta el punto de que la Comisión Europea está investigando el pago realizado por España de 23,5 millones de euros a la japonesa JGC, relacionado también con un laudo sobre los recortes a las renovables.
El problema es evidente: España puede encontrarse en una situación en la que si paga, puede enfrentarse a problemas con Bruselas; y si no paga, los acreedores pueden intentar ejecutar sus bienes en otros países.
La «herencia de Zapatero»
La expresión «herencia de Zapatero» resume políticamente el origen del problema, aunque la responsabilidad no corresponde exclusivamente a un Gobierno.
El régimen de primas que dio lugar a buena parte de las inversiones se aprobó durante el Gobierno socialista. El Real Decreto 661/2007 creó un marco muy favorable para las energías renovables y estableció incentivos destinados a atraer capital hacia un sector considerado estratégico.
Pero los cambios posteriores también fueron determinantes.
La reducción de las retribuciones comenzó durante los últimos años del Gobierno de Zapatero y posteriormente fue ampliada de manera considerable durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Por tanto, la factura actual es consecuencia de una cadena de decisiones adoptadas por diferentes gobiernos, aunque el origen del modelo regulatorio que atrajo muchas de aquellas inversiones se encuentra claramente en la política energética de la segunda legislatura de Zapatero.
Una factura que sigue creciendo
El problema para España no son únicamente los 135 millones que ahora están en juego en Estados Unidos.
Los intereses y las costas hacen que las cantidades reclamadas aumenten con el paso del tiempo. Además, existen numerosos laudos pendientes de ejecución en diferentes jurisdicciones.
Según las informaciones publicadas recientemente, las indemnizaciones reconocidas a los inversores ya superan los 1.800 millones de euros, y la cifra alcanza aproximadamente 2.333 millones cuando se incorporan intereses y costas. El Gobierno ha provisionado cerca de 3.000 millones de euros ante las posibles obligaciones futuras.
Y los acreedores no parecen dispuestos a esperar indefinidamente.
Algunos fondos especializados en litigios han comenzado a rastrear sistemáticamente activos españoles en el extranjero para intentar convertir los laudos arbitrales en dinero efectivo.
Una lección sobre seguridad jurídica
Más allá de la batalla política, el caso plantea una cuestión mucho más profunda: ¿hasta qué punto puede un Estado cambiar las reglas económicas de una inversión sin asumir posteriormente las consecuencias?
España defendió que las modificaciones eran necesarias para proteger el interés general y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Los inversores argumentaron que habían colocado su dinero basándose en unas condiciones regulatorias que posteriormente fueron modificadas de manera sustancial.
Los tribunales arbitrales han dado la razón a una parte importante de esos inversores.
Ahora, más de quince años después de las primeras decisiones, la discusión ya no gira solamente sobre las primas a las renovables. Gira sobre si España tendrá que pagar, cuánto tendrá que pagar y qué activos públicos podrán ser utilizados para ejecutar esas indemnizaciones.
La historia comenzó con una política destinada a convertir a España en una potencia mundial de las energías renovables.
Más de una década después, aquella apuesta continúa generando una factura millonaria que los sucesivos gobiernos no han conseguido cerrar.
Y esta vez, la factura ha llegado hasta los tribunales de Estados Unidos.
